El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 «no autoriza al presidente a imponer aranceles».
Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como «recíprocos» por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.
Trump ya empezó a utilizar los aranceles como arma negociadora durante su primer mandato (2017-2021), pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.
Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra, y se vanaglorió luego de haber logrado resolver ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya, gracias a la amenaza de aranceles.
Pero el alto tribunal recordó este viernes que «si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios».
La bolsa de Nueva York, que había abierto este viernes en rojo, subió tras el anuncio de la Corte: el Dow Jones ganaba 0,3% y el Nasdaq 1,0%.
Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% del año anterior.
La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias previas de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.
Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.
Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la mayoría.
La Unión Europea declaró que estudiaba «atentamente» la sentencia y la Cámara de Comercio canadiense la tildó de «reajuste».
